José Piñera y la instauración de un modelo made in Chile

Los defensores del neoliberalismo: intelectuales, economistas y representantes políticos, definen a esta teoría económica como una disciplina científica, por lo tanto, técnica y desligada de la vida política. Sin embargo, existe una gran cantidad de autores críticos del pensamiento neoliberal, los cuales postulan que el neoliberalismo es altamente ideológico, que es profesado por sus seguidores de una manera dogmática o cuasi religiosa, y que representa el proyecto político, económico, social y cultural de la clase actualmente hegemónica. Desde esta perspectiva la revista Economía y Sociedad, dirigida por José Piñera, creador del cuestionado sistema de AFP, puede ser una buena vitrina para leer entre líneas la ideología neoliberal instaurada en la Dictadura cívico-militar en Chile y perpetuada hasta nuestro presente

Grafiti en Av. Brasil, Valparaíso, octubre de 2019. Fotografía: Archivo La Antorcha Magacín.

 Javier Lillo / Natalie Zúñiga

1. El proyecto político neoliberal promovido por Economía y Sociedad

Si bien es irrefutable el hecho de que la dictadura chilena (1973-1990) [1] tuvo un carácter militar, nos parece necesario recalcar que esta fue una Dictadura cívico-militar, pues fueron amplios sectores civiles los que jugaron un papel fundamental en la conducción de ella. Es por esta razón que nos enfocaremos en el estudio de  un acotado grupo de civiles que participaron en el Régimen, debido a que fueron estos los intelectuales orgánicos[2] de la derecha neoliberal que ocupando cargos gubernamentales o no, fundamentaron, presionaron y ejecutaron las principales modernizaciones que se llevaron a cabo desde el gobierno de facto de Pinochet.

El predominio de ciertos intelectuales orgánicos neoliberales, si bien se dio en el gobierno, ahora debía traspasarse a la “opinión pública”, razón por la cual, estas derechas debían articular su pensamiento en una misma “línea editorial” con el fin de generar un discurso hegemónico en la sociedad, sugerir los últimos ajustes al modelo antes de la vuelta a la “democracia protegida” y establecer un esquema de “sucesión presidencial”. Uno de los canales a través de los cuales este segmento neoliberal difundió su pensamiento fue mediante la revista Economía y Sociedad. Nuestra intención es analizar cómo a través de esta revista los intelectuales orgánicos de la derecha neoliberal fundamentaron, defendieron y buscaron profundizar su proyecto político-económico entre los años 1978 a 1989.

Es evidente que la revista Economía y Sociedad fue portadora del proyecto político totalizante promovido por la Dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990). De forma paradigmática, el golpe de Estado de 1973 se llevó a cabo con la excusa de erradicar la amenaza del “marxismo totalitario”. No obstante, la inexistencia de una izquierda peligrosa hizo que las FF AA solo pudieran legitimar su permanencia en el poder mediante la elaboración de un proyecto, el cual, como es sabido, fue implementado por los tecnócratas portadores de las nuevas ideas neoliberales[3].

En este contexto surgió Economía y Sociedad, que evidentemente no es la que propone en su totalidad el proyecto global de la Dictadura, pero sí fue un de los importantes medios que utilizaron los intelectuales orgánicos neoliberales para promover sus ideas y fundamentar las políticas que se llevaron a la práctica en el país. En este sentido, Economía y Sociedad pudo trascender su primer momento, caracterizado por el debate sobre el orden público-económico que pretendían materializar en la futura Constitución; hacia un segundo momento –posterior a que José Piñera dejara el cargo de ministro y retomara la publicación– cuando la revista insiste en una visión global de la sociedad, que lejos de ocupar un lenguaje estrictamente técnico o simplemente comentar la coyuntura económica, pasa a la ofensiva y defensa de un proyecto aún más global que el propuesto en la primera época, que se limitaba a los principios que debían inspirar la futura institucionalidad.

De esta manera, la revista racionalizó y fundamento las políticas instauradas por la Dictadura cívico-militar, siendo portadora y defensora del proyecto global de la derecha neoliberal.

2. Las modernizaciones privatizadoras

La relevancia de las modernizaciones reside en dos aspectos. Primero, las reformas representan un quiebre radical con las políticas “estatistas” pre-dictadura, profundizando la liberalización de la economía, lo que incluye aspectos sociales. Segundo, gran parte de los decretos fueron promovidos y ejecutados por el director de la revista. En efecto, fue precisamente José Piñera quien ideó la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, el Plan Laboral y  las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP).

Por otra parte, además de las modernizaciones sociales ideadas por Piñera, en Economía y Sociedad se publicaron artículos relacionados al novel sistema de Isapres, a la privatización de las empresas, la educación y la televisión. Todos estos procesos de modernización tuvieron en común la privatización de servicios anteriormente entendidos como derechos, y en parte financiados por el Estado o asegurados por este, y en el caso de las empresas las que habían sido públicas debieron privatizarse.

2.a. Ley minera

En el siguiente apartado se examinará el primer artículo de la segunda época de la revista, escrito por José Piñera en marzo de 1982 y titulado “La ley minera: la llave para el desarrollo de Chile”. Cabe recordar que en la Constitución de 1980 se deja pendiente para un futuro la dictación de una Ley Orgánica, no obstante, al año siguiente de su promulgación, se elaboró esta al mando de José Piñera como Ministro de Minería. Desde una posición privilegiada en el Estado, el economista y director de Economía y Sociedad redactó la hasta hoy vigente Ley Minera, “la que estableciera las características, derechos y obligaciones de las concesiones mineras”[4].   

Para esta primera publicación de la segunda época de Economía y Sociedad, José Piñera elabora un completo estudio sobre la Ley Minera. En el artículo, antes de entrar en detalles sobre la ley misma, se propone lo siguiente: una explotación acelerada de los recursos mineros, en consideración de la magnitud de sus recursos y porque en un futuro podría ser reemplazado por algún sintético, como ocurrió con el salitre. La explotación del mineral debía ser rápido por dos motivos, para ocupar estos recursos en necesidades de corte social;  y porque,  en  palabras de Piñera, “el dinero tiene un valor tiempo”[5].

Respecto al régimen de propiedad, el artículo se muestra a favor de un régimen mixto, que por un lado consideró “la mantención en manos del Estado de los yacimientos de la gran minería del cobre nacionalizados en 1971”. Sin embargo, más adelante se clarifica que “esto no significa que tales yacimientos tendrán que pertenecer a perpetuidad al Estado Chileno”, esto por consideraciones políticas, sociales y económicas que debían ser tomadas en cuenta a la hora de tomar esa decisión[6].

Afiche en calle Cochrane, Valparaíso, diciembre de 2019. Fotografía: Archivo La Antorcha Magacín.

El desarrollo de una minería privada, según la revista, va a requerir ciertas condiciones para funcionar: a) un esquema de economía libre (modelo de libertad y apertura al exterior); b) normas mineras racionales y transparentes, y por último, c) la libertad de acceso.

Según José Piñera, la Ley Minera va a entregar las condiciones legales para el desarrollo de una minería privada. La solución al problema de los derechos mineros, que permitió entrar a los privados de lleno en la actividad minera, se dio con un “derecho de explotación inédito en la normativa jurídica chilena”[7]. Dejemos que su autor, nos explique la lógica de la concesión plena establecida en la Ley orgánica constitucional:

La fórmula que se diseñó configura una concesión de explotación completa, con los atributos jurídicos necesarios para garantizar al inversionista privado, la que se denominó concesión plena. La base para definir la concesión plena se encuentra en la propia constitución, que establece el derecho del Estado sobre todas las minas está limitado por las concesiones judiciales que sobre las mismas puede adquirir los particulares, y respecto de las cuales tienen derecho de propiedad[8].

Acerca de las “ventajas” de la Ley Minera –publicada finalmente el 21 de enero de 1982–, Piñera sostiene que estas serían: no depender del poder político, correspondiendo al poder judicial reconocer la concesión –origen, nacimiento y extinción– mediante un juzgado; sería un “derecho amplio”, es decir conforme al imperativo del mercado; sería un derecho de duración indefinida. Cuarto, estaría protegido por el derecho de propiedad, es decir “el titular puede libremente usar, gozar y disponer de la concesión a su entera voluntad”, y, además, no puede ser privado de ella, sino por expropiación. Quinto, la expropiación genera indemnización completa, lo que se traduce en el pago del “valor presente de los flujos futuros de caja”[9].

2.b. El plan laboral

Varios fueron los artículos que publicó Economía y Sociedad referentes al Plan Laboral. El énfasis en dicha modernización lo asociamos a que el Plan Laboral fue ideado por José Piñera mientras ocupaba el cargo de Ministro del Trabajo (1979-1981). Esta modernización, a la cual la revista da especial énfasis, fue el primer paso de las llamadas “siete modernizaciones”, las que transformaron la organización de la sociedad bajo el parámetro neoliberal.

En uno de los primeros artículo de la segunda época de Economía y Sociedad, titulado “Una obra en busca de su destino”, José Piñera arguye que el desorden social, la bancarrota y la desintegración política de Chile en 1973, obligó al régimen a ir “mucho más lejos y configuró un vasto proyecto histórico destinado a desarticular las causas profundas que habían conducido al país a estos trastornos”[10]. El nuevo esquema económico había forjado la prosperidad, el desarrollo, el progreso, la libertad, la estabilidad y elevadas condiciones de vida. Posteriormente afirma que esta “obra transformadora también se proyecta con energía al campo social donde el Plan laboral introdujo nuevos conceptos de integración  entre capital y trabajo que han venido a orientar relaciones hasta ayer desgarradas por la profesión teórica y práctica de la lucha de clases”[11].

Será bajo esta óptica que la revista criticará cualquier opinión contraria o intento de revertir el Plan laboral. Así, por ejemplo, en el mismo artículo, Piñera explica que el 11 de mayo de 1983 –fecha en que se inician las jornadas de protesta– la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) llamó a un paro nacional al cual se unió una gran cantidad de entidades sociales, transformando dicha ocasión en un “día de protesta nacional”. El director de la revista haciendo un análisis de ello, considera que las causas del descontento son el desempleo y el deterioro de las remuneraciones, cuestión que se comprende por la profunda crisis económica vivida. No obstante, les sorprende que las movilizaciones “intenten presentar a la legislación laboral y al sistema de economía social de mercado como los obstáculos para el mejoramiento de la situación de los trabajadores”. Esto lo considera erróneo, pues cree que por el contrario, “la legislación laboral, al relacionar remuneraciones con productividad, precisamente impide que la actividad sindical se transforme en una máquina de creación de desempleo, y permite, por cierto cuando  las condiciones de la economía son propicias, el mejoramiento salarial”[12]. De este modo, Piñera considera que el motivo de la movilización de los trabajadores es una “razón ilegítima que debe ser rechazada en aras del bien común”[13].

2.c. Privatización de las previsiones: sistema de AFP

Al igual que los puntos arriba analizados (Ley Minera y Plan Laboral), el sistema previsional AFP ocupó un lugar de interés para Economía y Sociedad, siendo variados los artículos dedicados a su explicación y defensa. El énfasis que le da la revista lo relacionamos con que José Piñera fue el creador de esta modernización, la cual remplazó el antiguo sistema de previsión estatal por un sistema privado de capitalización individual, conocido como es el sistema de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), vigente hasta la actualidad.

Afirma José Piñera en una introducción a un artículo escrito por Felipe Larraín en 1982, que esta modernización establecida en el D.L. 3.500 el 4 de noviembre de 1980 “se sitúa entre las transformaciones sociales más profundas y decisivas para el futuro del país. Su legitimidad en la realidad nacional está acreditada en la adhesión de más del 75 por ciento de la fuerza laboral relevante en su primer año de funcionamiento”[14].

De este modo, para aclarar dudas sobre el tema, la revista publica el artículo de Felipe Larraín Bascuñán[15] titulado “Cuatro aspectos de la reforma previsional”. En este se analizan los puntos más polémicos con respecto a la modernización del sistema previsional. El primero, es el tema de la “supuesta concentración económica”,  plantea Larraín que “una de las críticas que ha  recibido el modelo es que permitiría una fuerte concentración del poder económico, al traspasar los fondos previsionales a instituciones privadas que estarían controladas por los llamados grupos económicos”[16]. Esto lo niega rotundamente, argumenta que es una generalización, dado que de las doce AFP existentes en ese momento sólo cinco eran controladas por grupos económicos –estos serían: Grupo Edwards, Grupo Cruzat-Larraín, Grupo Angelini y Grupo Matte–. No obstante, como se muestra en el artículo, el resto de las AFP pertenecían a Bancos, Financieras, y tres de ellas a organizaciones gremiales. Concluye sobre el tema, que lo “pertinente para estudiar el fenómeno de la concentración no está en determinar quiénes son los dueños de las instituciones que captan los fondos previsionales, sino que más bien, es analizar cómo se usan eso fondos”[17]

Siguiendo el artículo de Larraín, la segunda crítica al nuevo sistema de previsión es que “la rentabilidad que obtiene la cuenta individual del trabajador es baja en relación a las alternativas de la economía”. Sin embargo, esto lo justifica explicando que el destino de los fondos debe ser diverso, y que, además, se puede invertir solo donde haya renta fija, disminuyendo el riesgo de pérdida. Así, cree Larraín que “esta mayor seguridad no es gratuita; y el precio de ella es obtener una rentabilidad menor que la mejor alternativa del mercado”[18].

Finalmente, el artículo indica que el tercer y cuarto “punto polémico” del nuevo sistema de pensiones, son los resultados de las AFP y la eficiencia administrativa, respectivamente. Sobre los resultados, argumenta que es un sistema nuevo que dejará ver sus beneficios de forma gradual, pues las comisiones de los fondos irán aumentando de forma análoga al fondo. Con respecto a la eficiencia administrativa, lo mismo, el columnista indica que se ha avanzado bastante en ello, y que “el servicio que entrega las AFP es indiscutiblemente mejor a la que se recibía en el viejo sistema”[19], pero que sus avances se podrán ver a futuro.

Más tarde, a dos años de la reforma previsional, José Piñera escribe un artículo llamado “Del ogro filantrópico a la verdadera previsión”, basándose en un libro de Octavio Paz que compara a el fenómeno estatista con un ogro filantrópico. En el caso de Chile, compara a este monstruo con el sistema previsional de reparto estatal que había hasta 1980. A diferencia del antiguo sistema de previsión, que Piñera describe de miseria y de extrema precarización, la nueva capitalización individual “puso bajo control un factor de desestabilización que estaba operando sobre la sociedad chilena y sus instituciones –empezando por el Estado– e introdujo la racionalidad en una área que fue caldo de cultivo del absurdo, la injusticia, la ineficiencia, la discriminación y el despojo”[20]. Además, afirma Piñera que si antes el sistema de previsión era un botín político con efectos de demagogia y politización, el nuevo modelo amplía la libertad, incentiva el hábito de ahorro y eleva la rentabilidad de donde se invierte[21].

Otro argumento muy utilizado en Economía y Sociedad sobre las AFP, es que este sistema de previsión permite a los trabajadores ser propietarios de grandes empresas mediante la inversión que los administradores de fondos realizan con sus ahorros previsionales en diversas corporaciones.  Con respecto a esto, en una exposición sobre “Un nuevo Chile”, Piñera afirma que “la principal propiedad con que cuentan hoy millones de chilenos en su cuenta de capitalización individual en las AFP. A marzo de 1987, 2.670.000 chilenos eran dueños de una cuenta y a través de ella participan de la propiedad de las más importantes empresas del país”[22].

Afiche en Subida Cumming, Valparaíso, octubre de 2019. Fotografía: Archivo La Antorcha Magacín.

3. La segunda reprivatización

En este apartado analizaremos cómo abordó la revista Economía y Sociedad “la segunda reprivatización”. En este segundo proceso de privatización, entre los años 1985 a 1989, el Estado traspasó treinta empresas consideradas estratégicas al sector privado. Cabe recordar, que hubo un primer proceso de reprivatización entre los años 1974 a 1978. Durante estos años, 259 empresas intervenidas o nacionalizadas durante la Unidad Popular, fueron devueltas a sus antiguos dueños.

En una editorial fechada en noviembre de 1985, llamada “La segunda reprivatización”, José Piñera propuso a las “autoridades” dos  tipos de privatización: “la reprivatización de empresas que tradicionalmente han sido privadas” y “privatizar, parcialmente, empresas estatales de utilidad pública con un alto grado de poder monopólico”[23]

Para Piñera la legitimación de los procesos de reprivatización viene –cómo no– mirando fuera de Chile. Así, argumentó que era conveniente privatizar, puesto que en “todo el mundo occidental se reconoce la conveniencia de iniciar procesos de reprivatización. La señora Thatcher fue la primera y ha tenido gran éxito en Inglaterra. Después el Primer Ministro Socialista Felipe González ha dado una lección de realismo y buen sentido caminando en esta dirección en España. Y ahora parece que se iniciará la reprivatización en Francia”[24]

Desde una matriz neoliberal, en la revista Economía y Sociedad se hace una relación entre libertad y el tamaño del Estado. Por ende, argumenta Piñera que “una sociedad verdaderamente libre” debe reducir el gran control que tiene el Estado sobre la economía, siendo en este caso la segunda reprivatización el símbolo de la libertad.[25]

Afiche en Subida Cumming, Valparaíso, octubre de 2019. Fotografía: Archivo La Antorcha Magacín.

3.a. Los mecanismos de reprivatización

Retomando el artículo “La segunda reprivatización” de José Piñera, en el que plantea que el camino para privatizar los activos del Estado no va a ser siempre el mismo. El director de Economía y Sociedad argumenta que los mecanismos ocupados para privatizar actúan con el fin de disgregar la propiedad o incorporar “a la propiedad a variados sectores”. Estos métodos de privatización, explica Piñera, serían cinco: el capitalismo popular, el capitalismo laboral, el capitalismo institucional, el capitalismo tradicional y la licitación directa.[26]

Primeramente, Piñera arguye que el capitalismo popular tendría la gracia de incorporar a la propiedad de las empresas privadas a “individuos probablemente de muy distintos niveles de ingreso. Dicho mecanismo, habría sido ocupado a la fecha –de forma  parcial o total–  por dos AFP y dos bancos.[27]

Continúa su análisis aclarando que el capitalismo laboral, sería el que opera transformando “a trabajadores en dueños totales (ECOM) o parciales (varias empresas CORFO) de sus fuentes de trabajo, utilizando en último caso el pago adelantado de indemnizaciones y gratificaciones.[28]

Según el autor el capitalismo institucional, sería el que permitió a las AFP “invertir en acciones, inicialmente de empresas estatales”.[29] Consideramos que este este mecanismo se revela como uno de los más importantes, ya que, el proceso de privatización “fue de la mano con la reforma previsional que incluyó la creación de las AFP, las que necesitaban sus recursos”. Por otro lado “para que la privatización fuera viable en el tiempo y se consolidara el control de las empresas traspasadas con recursos ajenos(…)”, requirió que los fondos de pensiones, “ a su vez, pudieran invertir parte de sus fondos en las empresas públicas.”[30] Piñera termina su argumentación, explicando que el método de privatización de capitalismo tradicional, es el que operaría mediante la venta de acciones en el mercado bursátil, de algunas empresas CORFO.[31] Y que, por último, estaría la licitación directa, la cual permite a  las empresas nacionales y extranjeras invertir en nuestro país.[32]

4. El «milagro» de las Isapres: mejor salud con menos recursos

Julio Dittborn[33] en un artículo titulado “Mejor salud con menos recursos”, reflexiona a partir  del supuesto reto que implica “brindar mejor  salud con los pocos recursos que existen”. Plantea  Dittborn que este desafío está contextualizado en un país pobre, como es el caso de Chile, sumado a lo que fue  “una de las peores crisis económicas de la historia”.[34]

Nuevamente los paradigmas se encuentran en el exterior, específicamente en Estados Unidos. Para Dittborn el caso de dicho país resulta un ejemplo por tener una “mayor participación del sector privado, la competencia entre instituciones, la libre elección y la descentralización”, lo cual ha podido bajar los costos en salud durante los últimos años, “permitiendo así otorgar más salud con los mismos recursos”. En efecto, afirma Dittborn, que bajo esta lógica de mercado aplicada en la salud, Chile “ha dado un paso muy importante”(…) con la creación de las Isapres, cuyo ritmo de crecimiento incluso es mayor que su equivalente en Estados Unidos.[35]

Otro argumento que utiliza Dittborn a favor del servicio de salud privado es un estudio realizado en Santiago por ILADES, el cual afirma demostró que “los servicios hospitalarios privados y particularmente las Isapres han orientado su gasto hacia atenciones de menor costo”, y no solo eso, además ”los indicadores de salud de la población cubierta” han mejorado.[36]

En un  artículo de Juan Ignacio Correa llamado “Salud: Res non verba”, comenta su autor que el proyecto del régimen está “basado en una sociedad donde la libre elección tenga la mayor cobertura posible; asimismo, intenta ampliar y estimular la competencia entre el sector público y el privado, donde, en el caso de la salud, el paciente conserve la facultad de elegir su modo de atención”.[37]

5. Reflexión final

A modo de conclusión consideramos que efectivamente la revista Economía y Sociedad puede ser considerada un antecedente teórico del proceso de institucionalización político económico de la Dictadura cívico-militar. La revista fue explícita en mencionar que pretendían entregar las ideas matrices, que, a su parecer, eran las que debían regir lo que creían era un sistema de “libertad económica”. En efecto, en coherencia con el proyecto de desarrollo neoliberal que la revista defendió, Economía y Sociedad estructuró una propuesta que contenía las bases institucionales que en un futuro se plasmaron en la Constitución de 1980.

La revista Economía y Sociedad durante su segunda época elaboró un verdadero programa político que coincidió con las políticas llevadas a la práctica por la Dictadura cívico-militar. De este modo, mediante el análisis de las revistas pudimos percatar que durante dicha época Economía y Sociedad racionalizó y fundamentó el proyecto global de la derecha neoliberal. En efecto, en la revista se pueden encontrar estudios, argumentaciones y análisis que dieron sustento teórico a las “modernizaciones”, la defensa acérrima al modelo de la dictadura durante la crisis económica de 1982, la fundamentación a la importancia de la batalla de las ideas e incluso de manera explícita el modus operandi para cooptar políticamente.

José Piñera como director de Economía y Sociedad usó este medio para analizar, fundamentar y defender las modernizaciones llevadas a cabo por él durante sus cargos ministeriales. Así, el tema de la Ley de Concesiones Mineras, el Plan Laboral y sistema de pensiones AFP, serán de los temas más tocados por la revista. De este modo, Economía y Sociedad resulta un documento muy valioso para hacer un estudio más profundo sobre el pensamiento de José Piñera, pues consideramos que este funcionario de la dictadura ha sido poco profundizado por la historiografía nacional, o que no se le a otorgado la suficiente importancia a su papel intelectual dentro de la Dictadura cívico-militar chilena.

 Gran parte de los columnistas que escribieron en Economía y Sociedad, efectivamente cooperaron con la administración pública de la Dictadura cívico-militar. Ya dijimos anteriormente, que el caso más paradigmático es el del director de la revista, por las modernizaciones llevadas a cabo durante su ocupación en el Ministerio del Trabajo y posteriormente el Ministerio de Minería. Por otro lado, los datos bibliográficos que recolectamos y problematizamos para elaborar este capítulo, le entregaron un buen sustento empírico al concepto de intelectual orgánico ideado por Gramsci.

Finalmente cabe destacar que nuestra investigación, dada la coyuntura, ha recobrado mayor significancia teórica. La reciente opinión pública que ha surgido en contra del modelo de AFP y la vuelta a Chile de su ideólogo, José Piñera, ha mantenido a la sociedad pendiente y crítica de un sistema de pensiones que en congruencia con el modelo que lo sustenta, se denota injusto y desigual.

Afiche en Plaza Echaurren, Valparaíso, octubre de 2019. Fotografía: Archivo La Antorcha Magacín.

NOTAS

[1] Este artículo es un fragmento de la tesis de pregrado para optar al grado de profesor en Historia y Ciencias Sociales otorgado por la Universidad de Valparaíso que se titula Hacia un nuevo modelo político. El pensamiento político económico de la derecha: un estudio de la revista Economía y Sociedad (1978-1989), Natalie Zúñiga Leal, Javier Lillo Robles. Además nuestro trabajo está inserto en el contexto mundial de la Guerra Fría, que en su definición clásica se entiende como el enfrentamiento entre dos polos, más precisamente entre el sistema capitalista liderado por Estados Unidos y el sistema socialista de la Unión Soviética. De forma más precisa la Guerra Fría empezó en 1947, enunciada en el Congreso de Estados Unidos por el presidente de ese momento Harry S. Truman, en donde proclamó un enfrentamiento con la Unión Soviética dividiendo así el mundo en dos bandos. El fin de la Guerra Fría estaría datado el año 1991 cuando culminó el proceso de disolución de la URSS. No es menos cierto lo que argumentan visiones más criticas al respecto, aludiendo como objetivo fundamental de la Guerra Fría “el de asegurar y extender a escala mundial un determinado orden político, económico y social, disfrazándolo como un combate entre “el mundo libre” y el “socialismo”. A saber: Fontana, Josep, Por el bien del Imperio, Ediciones de Pasado y Presente, Barcelona, 2011, pp. 563-568.

[2] Con respecto al concepto de intelectual orgánico, Gramsci explica que cada vez que surge una nueva clase o grupo social –con una función esencial dentro del mundo de la producción económica– y en el desarrollo progresivo de estos grupos, “crean al mismo tiempo, orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función no solo en el campo económico, sino también en el social y político. Véase en Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel, Ediciones Era, México, 1986, p. 354. Consideramos que el concepto de intelectual orgánico propuesto por Gramsci nos permite analizar el rol que cumplieron los Chicago Boys en Chile, es decir, serían estos los intelectuales orgánicos de la derecha neoliberal, nueva clase dominante luego de que se implementaran las políticas de liberalización económica en el país durante la Dictadura cívico militar.

[3] Valdivia, Verónica, Álvarez, Rolando y Donoso, Karen. La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago, LOM Ediciones, 2012, p. 20.

[4] Piñera, J. (1982). Ley minera: La llave para el desarrollo de Chile.Economía y Sociedad, Segunda Época (Nº 1), p. 8.

[5] Ibíd, p. 9.

[6] Ibíd.

[7] Ibíd., p. 10.

[8] Ibíd.

[9] Ibíd.

[10] Piñera, J. (1982). «Una obra en busca de su destino». Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº 5, p. 3.

[11] Ibíd., p.3.

[12] Piñera, J. (1983). «Inquietudes y confusiones sindicales». Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº 13, p. 12.

[13] Ibíd., p.12.

[14] Piñera, J. (1982). «Cuatro aspectos de la reforma previsional. Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº5, p. 17.

[15] Felipe Larraín Bascuñán es economista de la Universidad Católica de Santiago y Doctor en economía de la universidad de Harvard. Economista, académico, consultor y Ministro de Hacienda de Sebastián Piñera.

[16] Larraín, F. (1982). «Cuatro aspectos de la reforma previsional». Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº 5, p. 17.

[17] Ibíd., p. 17.

[18] Ibíd., p. 19.

[19] Ibíd., p. 21.

[20] Piñera, J. (1982). «Del ogro filantrópico a la verdadera previsión». Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº 7, p. 11.

[21] Ibíd., p. 11.

[22] Piñera, J. (1987). «Un nuevo Chile». Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº, 66), p. 9.

[23] Piñera, J. (1985). «La segunda reprivatización». Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº 43), p. 7.

[24] Ibíd, p. 8.

[25] Ibíd.

[26] Piñera, J. (1985). «La segunda reprivatización». Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº 43), p. 7.

[27] Ibíd.

[28] Ibíd

[29] Ibíd

[30] Monckeberg, María, Op. Cit., p. 26.

[31] Piñera, J. (1985). «La segunda reprivatización», Op. Cit., p. 7.

[32] Ibíd.

[33] Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile, Máster en Economía en la Universidad de Chicago. Al momento de escribir este artículo, Julio Dittborn se desempeñaba como secretario ejecutivo de la Asociación de Isapres de Chile.

[34] Dittborn, J. «Mejor salud con menos recursos». Economía y Sociedad, Segunda Época , Nº 43, p. 19.

[35] Ibíd.

[36] Ibid.

[37] Correa, J. (1986). «Salud: Res non verba». Economía y Sociedad, Segunda Época, Nº 46, p. 13.

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